El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart pidió documentación clave a la Dirección General de Aduanas, a la Fuerza Aérea, al Ministerio de Defensa y de Seguridad y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que aporten documentación y registros relacionados con el envío de material bélico a Bolivia durante el gobierno de Mauricio Macri.

Coincidió con que desde el país vecino se abrieran los depósitos donde se hallaron pertrechos con marca de origen en Argentina y que coinciden con los envíos solicitados por Gendarmería. El Ministro de Gobierno detalló el recorrido del arsenal y cómo fue repartido desde la Embajada argentina con destino a la policía y la Fuerza Área. Detalló también un “faltante” que podría haber sido utilizado para la represión a las protestas contra el Golpe de Estado.

El juez pidió que se informen los datos de las personas que se encontraban destinadas a cumplir funciones en la Embajada Argentina en Bolivia durante el mes de noviembre de 2019. López Biscayart intimó a la Fuerza Aérea a entregar los registros fílmicos de la carga y salida del avión Hércules de noviembre de 2019.

Como anticipó un prestigioso medio, el juez habilitó la feria judicial para poder avanzar en el caso, tras el requerimiento realizado el viernes pasado por el fiscal Claudio Navas Rial que imputó entre otros al propio Mauricio Macri, a Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad. Bullrich ya designó a Julián Marcelo Curi como defensor. Lo mismo hizo el exGendarmería Gerardo Otero.

Por ahora, el juez rechazó el pedido de la Unidad de Información Financiera para tomar contacto con el caso. Ayer temprano, el organismo antilavado pidió vista del expediente para analizar la posibilidad de ser querellante.

López Biscayart requirió “el original de la carta que figura como recibida en la Embajada Argentina en Bolivia identificada con el número de nota 184 AB, con fecha de ingreso 15 de noviembre de 2019” y que esté a resguardo y se envíe por correo diplomático de forma “urgente”. Lo mismo con el ingreso informático de la misiva de la Fuerza Aérea destinado a Normando Álvarez García, y si este solicitó “protección”.

También solicitó 13 notas internas de Gendarmería y que se “remitan todas las cartas de la Embajada entre octubre y noviembre de 2019”, junto a los nombres de las personas “que se encontraban destinadas a cumplir funciones en la Embajada Argentina y sus funciones, así como los mecanismos de recepción de documentos. Entre las medidas clave, López Biscayart pidió “registros fílmicos de la mesa de recepción”.

Mientras tanto, a Defensa le exigió que acompañe toda la información y documentación relacionada con el vuelo de un avión Hércules C-130 y a Seguridad que informe “si con motivo de los hechos denunciados en la presente causa se inició algún sumario administrativo en ámbito de alguna de las fuerzas bajo su dependencia y, en su caso, se lo remita de inmediato a esta sede”.

Pero en otro aspecto fundamental le requirió a Aduanas que en 48 horas remita la actuación SIGEA que se realizó para tramitar la “exportación temporaria sucedida ante la Aduana de Ezeiza, aeropuerto de El Palomar, y la tramitación del despacho de importación N° 20-034-PRI1-000001-R correspondiente a la Aduana de La Quiaca, e informe las personas intervinientes. Pero también las filmaciones que hayan registrado el control aduanero tanto en Palomar y La Quiaca, el 20 de junio de 2020.

Lo relativo a Fuerza Aérea dio el mismo plazo para que aparezcan las constancias de autorización de salida del avión y -algo que resultaría clave de encontrarse- “los registros fílmicos correspondientes a ese día y en los que se pueda observar el momento de la carga de la aeronave”, aquel 12 de noviembre de 2019. Pidió nombres de quienes se encargaron de la carga y la descarga, cargos y funciones. Y por último, a la Agencia Nacional de Materiales Controlados para que provea las actuaciones que autorizaron la salida de las municiones, lo que fue revelado por Ámbito.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, exhibió en una conferencia de prensa las municiones encontradas en los depósitos de la policía y lo calificó como “tráfico ilícito de municiones”, que tiene una pena de cárcel de hasta 30 años de prisión. .

Ratificó que “ingresaron desde la Argentina armas de manera ilegal, sin registros” y que se han “se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito”. En el depósito también se hallaron, “28 gases aerosol MK-4, 19 gases aerosol MK-94, 55 granadas CN, 53 granadas de gas H, 19 granadas de gas CS y dos granadas tipo béisbol”, detalló el funcionario.