El lunes, la Secretaría de Energía oficializó una compensación, que tanto las empresas como los gobiernos de Neuquén y Río Negro salieron a rechazar de plano.

Con la firma del secretario Gustavo Lopetegui, la Resolución 522 estableció la transferencia de $116,10 por barril de petróleo volcado al mercado local hasta que termine septiembre. El 88% de ese monto lo percibirán las empresas y el 12% restante las provincias en donde se haya producido el crudo. Además, para las productoras de biocombustibles, de uso obligatorio para la elaboración de naftas y el gasoil, pautó el envío de un monto equivalente al 6% del precio fijado por Energía. Todo eso, siempre y cuando las compañías y las provincias renuncien a realizar acciones administrativas o judiciales respecto del congelamiento.

De esta manera, el Gobierno liberó $1.800 millones en subsidios para compensar a las petroleras por el impacto de las subas del petróleo y del tipo de cambio. Fuentes cercanas a Lopetegui le confirmaron a este diario que la medida implica un costo fiscal de $1.500 millones para las transferencias a petroleras y estados provinciales y $300 millones para los fabricantes de biodiésel y bioetanol.

Por lo pronto, la compensación tiene patas cortas ya que sólo correrá durante los días que quedan de septiembre. "Luego tenemos que seguir viendo cómo normalizamos", admitieron en Energía. La dolarización del precio local del crudo generó una bomba de tiempo que hace que, de descongelarlo totalmente, los combustibles se dispararían 30%.

Chispazos
Ayer, el precio del petróleo Brent, que cotiza en Londres y es la referencia para Argentina, se disparó 14% hasta los US$68,60 por barril luego del ataque a dos refinerías de la estatal saudita Aramco, que causó la reducción del 50% de su producción (ver aparte). Esto amplió a US$20 dólares por barril el desfase entre el precio congelado que percibe las productoras que operan en Argentina y el valor de mercado, una situación que también afecta a las provincias petroleras porque reciben menores regalías.

Es que, pocos días después de desatada la corrida cambiaria posterior a las PASO, para evitar una escalada de los combustibles que alimente aún más la inflación, el Gobierno dispuso un congelamiento del precio del crudo en los valores previos al 11 de agosto: US$59 por barril. Además, el tipo de cambio deben convertirlo para venderlo a las refinerías es de $46,69. Entre ambos elementos, el precio interno es 30% menor que el internacional pero la compensación dispuesta por Energía equivale al 3%.

La primera empresa en salir a cruzar la iniciativa fue Vista Oil&Gas, la petrolera del exCEO de YPF, Miguel Galuccio: "Vamos a rechazar el subsidio ofrecido de manera categórica. No sólo está lejísimo de compensar el daño que los productores estamos sufriendo. También consideramos que el pedido de desistir de la acción legal así como el pedido de indemnidad es un despropósito jurídico, que ninguna compañía puede aceptar".

Otras fuentes del sector le confiaron a BAE Negocios que el monto compensatorio era el que el Gobierno había anticipado en las reuniones mantenidas durante los días previos pero lo que verdaderamente sorprendió fue la exigencia de renuncia a los derechos de judicialización. "Hay una desproporción entre lo que te dan y lo que te piden que resignes", plantearon.

Los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Omar Gutiérrez y Alberto Weretilneck, se sumaron al rechazo y consideraron que ese pedido es "inadmisible". "Esto no es lo que se habló en su momento. No había condicionamientos", se quejó Gutiérrez.