En ese contexto, la legisladora justicialista se preguntó si es que el ISJ afrontaba una crisis aguda para cumplir sus obligaciones con los prestadores y recordó que durante todo el 2017 su bancada estuvo requiriendo informes, aunque sin suerte, al presidente de la obra social. Además, trajo a colación las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas por contrataciones irregulares de servicios.

“Nada de lo que solicitamos tuvo respuestas. Las compras que se realizaron en el ISJ afectaron casi en un cien por ciento a los afiliados de la obra social, es decir a los trabajadores estatales que son sus dueños. Me temo que la institución está atravesando una grave crisis económica. Esto se desprende de la intención de aumentar la cuota del seguro de vida”, explicó.

En el mismo sentido, dijo que “se trata de una cuota que ingresa directamente a las arcas del ISJ. “Es coincidente todo esto con los problemas que comenzaron a presentarse para pagar a las prestadoras, comprar los medicamentos, abonar los tratamientos de los pacientes con enfermedades crónicas. Nosotros no acompañamos esta ley porque encubre el complejo problema económico del ISJ”.

“Desde el gobierno provincial pretenden disfrazar este incremento construyendo el mensaje de que los titulares y sus familias se van a beneficiar con un monto mayor al momento de utilizar el beneficio.  No sé realmente cuál sería el premio ni entiendo la terminología que se empleó al momento de redactar el proyecto enviado por el Ejecutivo”, acotó.

“No habían argumentos financieros ni se habló del impacto que tendría en el presupuesto del ISJ el ajuste de este aporte que tienen que hacer los empleados públicos. Tampoco se informa cuál es el estado real de la obra social, o del desvío de fondos de la institución para cubrir necesidades del Ministerio de Salud”.

“Hablan de que es un aporte de cien pesos, minimizando el aumento que supera el mil por ciento. Para muchos del oficialismo este pago no significa nada, pero para una familia de trabajadores, que este año ha tenido un aumento salarial menor al porcentual de la inflación y que ha tenido que hacerse cargo del impacto de las políticas económicas de este gobierno, es un incremento que sigue achicando su poder adquisitivo”.