Diputados de distintos bloques de la oposición presentaron formalmente el pedido de sesión especial para el próximo jueves con el objetivo de debatir el proyecto de Emergencia Alimentaria.

La solicitud fue realizada ante el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, quien ahora deberá avanzar con la convocatoria al encuentro.

El pedido lleva las firmas de Felipe Solá, Carla Pitiot, Agustín Rossi, Leonardo Grosso, Daniel Arroyo, Victoria Donda, Pablo Kosiner, Alejandra Rodenas, José Luis Ramón, Andrés Vallone, Jorge Franco, Juan José Bahillo, Omar Félix, Ivana Bianchi y Lucila de Ponti.

En este contexto, la diputada nacional, Lucila De Ponti, que confirmó la realización de una sesión especial para el jueves a las 11.30, dijo que "fue consensuada por todos los bloques de la oposición".

Del mismo modo, señaló que resta conocerse la postura del oficialismo, pero mostró optimismo en que "prime la cordura y no la bloqueen".

En diálogo con El Destape Radio, la dirigente indicó que "sabemos que hay distintas posturas en el interior del oficialismo" y advirtió que, si el bloque oficial no' se presenta "la oposición podría sancionar la ley por su cuenta".

Por otra parte, agregó que "la letra del proyecto consensuado es la que creemos que puede resultar de aplicación más efectiva. Pero no tenemos problema de sentarnos a discutir si el oficialismo quiere agregar o discutir algún puntos mientras se pueda aprobar"

La iniciativa propone la prórroga de la emergencia hasta el 21 de diciembre de 2022, el aumento del 50% de las partidas alimentarias y la actualización de esos fondos cada 3 meses.

"Concierne al Estado Nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la República Argentina, según lo establece la Ley 25.724 que crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional", sostiene el artículo 2° de este proyecto.

La medida es apoyada por organizaciones sociales, sindicatos y sectores de la Iglesia Católica, pero rechazada por un oficialismo, que -desconectado de la realidad- asegura que el Gobierno ya cumple con muchas de la cosas que plantea la ley.