{jkhighlight}La Cámara Comercial confirmó este miércoles a la jueza Marta Cirulli a cargo del expediente Correo Argentino SA y rechazó así el planteo de Socma, empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri, que buscaba apartar a la magistrada del caso, según el escrito publicado en el sitio web del Poder Judicial. Tras el fallo, queda ahora pendiente la continuidad del salvataje de Correo, confirmó una fuente judicial del caso{/jkhighlight}.

Para evitar la quiebra, la Justicia comercial ordenó el salvataje de Correo hace más de un año. El concurso de acreedores y el proceso de cramdown o salvataje estaba demorado a la espera de esta decisión, como informó elDiarioAR. Desde noviembre, las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero tenían pendiente confirmar o apartar a la jueza. Cirulli fue apartada momentáneamente a pedido de Socma, principal accionista de Correo. Durante los últimos tres meses, la causa quedó a cargo de un juez temporario sin mayores avances, según ratificaron fuentes directas del expediente. También surge de las publicaciones del sitio judicial en el que pueden verse las resoluciones.

En noviembre último, Socma recusó a la jueza Cirulli y a la fiscal general Gabriela Boquin por supuesta parcialidad en el proceso. {jkhighlight}Las juezas entendieron que el planteo de la empresa para apartar a Cirulli fue “extemporáneo”, ya que se tomó meses después de las decisiones cuestionadas por la compañía a la magistrada, entre ellas la intervención de Correo ordenada en marzo de 2020{/jkhighlight}.

Lo que sucedió en junio de ese año fue que el Estado aceptó la oferta de la empresa porque, como dijo (el exministro de Comunicaciones, Oscar) Aguad, era lo máximo que le podía sacar a la compañía.

“{jkhighlight}Las normas procesales establecen los plazos en que pueden ser recusados los magistrados y desde esa óptica la recusación intentada se aprecia interpuesta fuera de término considerando que Socma Americana SA. se presentó en este proceso universal con fecha 24 de junio de 2019 sin efectuar planteo similar alguno{/jkhighlight}”, sostuvieron en el escrito.

La Sala B de la Cámara Comercial había derivado el caso de la fiscal Boquin al fiscal general en lo Civil, Javier Lorenzutti, para que decidiera si la magistrada debía o no seguir en el caso. Según un escrito de Lorenzutti de finales de noviembre, el magistrado rechazó intervenir en el expediente porque el propio reglamento se lo impide. Entonces, las camaristas confirmaron a Boquin. Sin embargo, las juezas del tribunal de apelaciones dejaron pendientes la situación de la jueza Cirulli, quien debe continuar con el proceso de salvataje de Correo. La confirmaron a cargo del expediente en una resolución de dos carillas.

En agosto, la magistrada abrió el registro para que se inscriban los interesados en asumir el salvataje de Correo, un proceso que implica que terceros adquieran las acciones de la compañía y hagan sus ofertas a los acreedores para el pago de las dudas. Correo se opone al salvataje, sostiene que quiere pagar sus deudas y se presentó ante la Corte Suprema para frenar el proceso.

Si las ofertas de los interesados en adquirir la empresa no son admitidas por los acreedores (incluido el Estado), el proceso de salvataje fracasa. Eso derivaría en la eventual quiebra de Correo que podría incluso extenderse a Socma y Sideco, principales compañías de los Macri, explicaron tres fuentes directas del caso, en el que sería el peor escenario para la familia del expresidente. El concurso de acreedores cumplió 19 años en septiembre último.

Antecedentes

Correo Argentino SA explotaba la concesión del servicio postal durante los 90. En 2001, entró en concurso de acreedores, situación que se extendió por casi dos décadas. La deuda original con el Estado nacional por el no pago del canon era de 300 millones de pesos/dólares, que actualizada a 2017, alcanzaba los $ 4.000 millones, según el cálculo del Ministerio Público Fiscal.

En junio de 2016, el gobierno de Macri firmó un pre-acuerdo con Correo por su deuda. Según estableció la fiscalía de Boquin y los técnicos del Ministerio Público Fiscal, lo acordado implicaba una quita del 98,87% a favor de la compañía. Por ese motivo, la fiscal se opuso al acuerdo, que nunca se concretó.

“La propuesta de Correo, del 28 de junio de 2016, planteaba dos escenarios: el monto a pagar quedaba fijado entre los $ 528.800.216 (lo que equivalía a una quita del 44%) y los $ 651.321.558 (correspondiente a una quita del 54,5%)”, sostienen los representantes de Correo consultados por este medio a principios de febrero.

Lo que sucedió en junio de ese año fue que el Estado aceptó la oferta de la empresa porque, como dijo (el exministro de Comunicaciones, Oscar) Aguad, era lo máximo que le podía sacar a la compañía debido al estado en el que estaba y está: no tiene bienes, no tiene actividad comercial y sus acciones valen cero pesos, como determinó el actual Procurador del Tesoro”, agregó uno de los representantes. Para la compañía de los Macri “no hay abuso si el deudor paga lo mejor que puede”. “El que pierde es el Estado con las demoras”, afirmó.