Avanza en la justicia un amparo colectivo presentado por la merma en la inscripción de las Becas Progresar (escasamente difundidas) y la desactualización de los montos. La medida fue impulsada por la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 aceptó analizar el caso, que está en plena producción de pruebas, y tiene al Ministerio de Capital Humano en la mira.

La acción fue presentada en noviembre del año pasado “porque entendíamos que la adolescencia es una de las franjas más débiles y vulnerabilizadas respecto a lo que se refiere a políticas públicas. Es una de las formas donde más impacta la pobreza y la indigencia”, expresó a Tiempo Clarisa Adem, directora de Litigios Estratégicos de la Defensoría.

La iniciativa fue presentada en favor de jóvenes de entre 15 y 17 años, ya sean titulares o aspirantes elegibles del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) en el marco de la Ley 27.726, que comenzó a implementarse desde 2014 para promover la inclusión educativa de jóvenes en situación de vulnerabilidad, apoyando su permanencia en los distintos niveles del sistema educativo.

“Nos presentamos en la justicia para pedirle por este grupo etario en dos sentidos: por un lado, el monto está absolutamente desactualizado. En 2023 era de 20 mil pesos por mes y desde el año pasado quedó congelado en 35 mil. Hay un desfasaje absoluto”, recalcó la abogada.

En segundo término, Adem destacó que se abordó “el tema de la dificultad en la accesibilidad, porque el Ministerio de Educación, hoy Secretaría, debería hacer campañas, difusión. Incluso, la ley contempla los Espacio Progresar o Puntos Progresar, que son tutorías, acompañamientos para que los pibes puedan encarar el trámite. Todo eso está desmantelado, dejaron de existir”.

En el amparo, la Defensoría plantea que el monto actualizado de la beca debería ser de al menos 78 mil pesos. “Hay que tener en cuenta que el programa apunta al grupo más vulnerable. Para inscribirte tenés que acreditar que no tenés ingresos mayores a tres salarios mínimos. O sea, unos 900 mil pesos”, insistió la directora de Litigios Estratégicos de la Defensoría.

De acuerdo a los datos estadísticos aportados por la Dirección de Fortalecimiento Educativo y presentados en la acción colectiva, en el 2022 se presentaron en la primera inscripción 464 mil beneficiarios; en el 2023, 484 mil; mientras que el año pasado hicieron lo propio unos 354 mil. “Hubo 100 mil chicos menos. Eso atenta no solo con el derecho a la educación, sino también con la igualdad porque uno de los objetivos de la ley es la terminalidad educativa”, advirtió la abogada.

El programa abarca otras líneas de becas que incluyen a los adultos. En el universo total del Progresar, la involución durante la gestión de Javier Milei es elocuente. Según datos fueron reconstruidos por el especialista en Políticas Educativas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Agustín Claus, a partir de información oficial, en el 2014 hubo 343.606 inscriptos (entre todos los beneficiarios, no solo adolescentes). Cristina dejó su gobierno con 696.494. El macrismo tuvo un pico de 809.752 becas en 2016 y terminó su gestión con 571.445. Por su parte, Alberto Fernández dejó el Ejecutivo con 1.870.976 beneficiarios. En el primer año de La Libertad Avanza, la cifra se redujo a 1.021.680, mientras que en 2025 en el “Mensaje de Proyecto de Presupuesto” se estipulaba 1.520.252.

Por el momento, el Juzgado admitió analizar el amparo y avanza con el pedido de documentación y argumentación de las partes. El Gobierno atacó la legitimación activa de la Defensoría y, entre otros puntos, mantiene su tesitura de no aumentar el monto del programa.

“Los montos de las becas son fijos e iguales para todos los becarios de cada parte del programa, con prescindencia de las circunstancias personales de cada uno, por lo cual esas cantidades pueden ayudar mucho a algunos y mucho menos a otros, y a pesar de ello, ni siquiera está determinado que deba variarse los montos respectivos”, planteó la abogada Hebe Rodríguez, en representación del Estado, en una de las contestaciones.

“El Progresar es un respaldo, no una subvención, ni el sostenimiento del alumno en su totalidad –argumentó la letrada, para justificar el congelamiento del monto desde el año pasado–. La Beca no sustituye un ingreso asistencial ni tiene esa finalidad. Esto es así, porque no constituye un plan social ni nunca buscó serlo, sino que sólo pretende ayudar en las trayectorias de quienes quieren finalizar su educación obligatoria, formarse profesionalmente o estudiar una carrera de nivel superior”.