{jkhighlight}El Comité de Dirección Regional ODS-2030 de la Unesco, integrado por la Argentina entre otros países, recomendó a la región "reducir la brecha digital y promover la conectividad como un derecho" como una estrategia para asegurar el acceso a la educación de alumnos en contexto de pandemia, en especial aquellos de sectores más vulnerables{/jkhighlight}.
La declaración, difundida el viernes por la Unesco, detalla "seis estrategias clave" con el propósito de que la educación sea "la estrategia central para una recuperación de la crisis de la Covid-19 que aspire a salvar el futuro y reconstruir sociedades más democráticas, inclusivas, sostenibles y con justicia social".
{jkhighlight}El Comité de la Unesco aseguró que reducir la brecha digital y promover la conectividad como un derecho es parte de esas estrategias y en este aspecto aboga por "ampliar el acceso a la conectividad como componente del derecho a la educación"{/jkhighlight}.
También recomienda a los países de la región "implementar políticas para que la conectividad sea accesible incluso para los hogares de menores ingresos y los sistemas tecnológicos contemplen la plurinacionalidad, la interculturalidad, la perspectiva de género, la intergeneracionalidad y el acceso de personas con discapacidad".
Además, promueve "dotar a los establecimientos educativos públicos y otras instituciones (bibliotecas públicas, museos, centros culturales, entre otros) con la infraestructura necesaria para una conectividad pública y gratuita".
El documento fue elaborado por el Comité de Dirección Regional ODS-E2030 de América Latina y el Caribe, que es un mecanismo adoptado por los ministros y ministras de Educación de la región como un mandato dentro de los llamados "Acuerdos de Cochabamba".
{jkhighlight}Los actuales miembros del Comité en representación de la región son Argentina, Brasil, Colombia, Curazao, Granada, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela y organismos internacionales como Unicef{/jkhighlight}.
El Comité recomienda además salvaguardar el financiamiento educativo, reabrir las escuelas en forma segura y gradual, fortalecer y dignificar a los docentes, directivos y directivas escolares y otros trabajadores de la educación, recuperar los aprendizajes y reducir las brechas y profundizar la cooperación y solidaridad entre países, el desarrollo de alianzas y la coordinación regional e intersectorial.
El documento destaca a la educación como "un derecho fundamental y bien público mundial" y aboga por su protección para "prevenir una catástrofe generacional.
Precisa además que la pandemia causó "el trastorno más grave registrado en los sistemas educativos en toda la historia y amenaza con provocar importantes déficits de aprendizaje que podrían afectar a más de una generación de estudiantes".
Indicó que en América Latina y el Caribe, donde cerca de 165 millones de estudiantes se vieron afectados por el cierre físico de establecimientos educativos, "el impacto de la pandemia Covid-19, está exacerbando las desigualdades educativas".
También, "amenaza con provocar un retroceso de al menos una década en los progresos alcanzados por los países en los últimos años", según el documento.